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El Estado de Derecho se basa en la división de poderes, el poder ejecutivo, que ejecuta las leyes, el legislativo, que hace y redacta las leyes, y el judicial, que aplica las leyes, pues bien, en España Montesquieu ha muerto, la superposición de poderes y la politización de la justicia están a la orden del día, baste como ejemplo, el nombramiento de los jueces del tribunal que vela por el cumplimiento de la ley de leyes española, la Constitución, donde un porcentaje de los jueces que lo componen es nombrado por el partido del gobierno y el otro por el de la oposición, para que salvaguarden, no lo que dice la constitución sino lo que les dictan los que les nombran. La gota que ha colmado el vaso y ha dado el tiro de gracia al Estado de Derecho, ha sido la actuación de la Policía en el caso “brugal”. Lo que el martes parecía una operación perfectamente orquestada por la Policía y el juez del juzgado nº3 de Orihuela, se convirtió ayer en un culebrón esperpéntico, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), emitió un primer comunicado en el que decía textualmente que “NO existe resolución judicial de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna. Del mismo modo, no se ha acordado citación judicial alguna respecto de ninguna de las personas, salvo las que el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial” cuando la Policía, unas horas antes en una nota de prensa decía que “en el marco de la operación Brugal, dirigido por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Orihuela y la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada, en el que se han practicado once detenciones.” Es decir, la Policía actuó sin el conocimiento del juez y practicó detenciones sin la autorización de este, violando el secreto de sumario “Entre los arrestados se encuentran el Presidente de la Diputación Provincial de Alicante, tres concejales de la localidad de Orihuela y varios empresarios. Según los casos, se les imputan los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento.” mientras que en la nota de prensa del TSJCV  dice que “Cualquier otra información que no sea la aquí indicada y proporcionada por el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, sobre ésta o ulteriores notas, no se halla expresa o tácitamente autorizada judicialmente, pudiendo, por ello, implicar una vulneración del secreto de las actuaciones.” Con los que queda demostrado que se ha violado el secreto de sumario establecido por el juez.

No sé si los presuntos implicados son culpables o no, no sé si ha habido algún caso de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude o encubrimiento, lo que si sé es que a causa de estos terribles fallos de procedimiento, dejando de lado si son causados por errores, por intención política o por negligencia, pueden quedar en libertad los posibles culpables ya que se han violado de forma flagrante las garantías procesales, que al igual que la presunción de inocencia son básicas para que España sea un país democrático y no una república bananera.